Heraldo
26 abril 2022
El plazo para hacer una oferta por los 32 unifamiliares construidos por una promotora ahora en quiebra finaliza este viernes, 29 de abril.
Más de 100 personas se han interesado por alguno de los unifamiliares que se subastan por internet en el municipio zaragozano de María de Huerva dentro del concurso de acreedores de una constructora local, que busca liquidar sus bienes para pagar sus deudas. A principios de abril se abrió el plazo para pujar por las viviendas e incluso se han organizado visitas a los inmuebles, que llevan sin propietario desde que pinchara la burbuja inmobiliaria en la anterior crisis económica.
La tasación de los adosados, de unos 180 metros cuadrados, fija un valor que ronda la mitad de su precio de venta en 2009, cuando se entregaron las llaves. El plazo para pujar finaliza este viernes, 29 de abril, a las 12.00.
La historia de Urbanización Crisálida
Las viviendas se incluyen en un lote de 48 inmuebles, varios solares en distintos municipios, además de los adosados, que pertenecían a la misma empresa, Urbanización Crisálida, inmersa desde 2013 en un concurso de acreedores. Se trata de una promotora local que antes de que llegara la crisis del sector inmobiliario en 2008 había construido otras promociones de unifamiliares similares en el municipio del extrarradio de la capital aragonesa. Esta se terminó en 2009, y contaba con la mitad de las viviendas vendidas sobre plano, pero entonces buena parte de los compradores se echaron atrás argumentando, entre otros motivos, que no estaba terminada la obra, según recuerdan fuentes cercanas al concurso de acreedores. Una media docena decidió seguir adelante. Por entonces, los precios ya se habían empezado a desplomar por la crisis del ladrillo, tras la escalada de precios de los años anteriores.
El concurso ha pasado por distintas vicisitudes, incluida que los compradores que se arrepintieron llegaron hasta el Tribunal Supremo para evitar tener que adquirir los unifamiliares. En 2015 llegó la sentencia que, pese a dar la razón a la promotora y reconocer que tenían que comprar, no se podía cumplir porque esta, que ya estaba en quiebra, no podría entregar las viviendas, seis años después, en el mismo estado en que se encontraban en 2009, como hubiera sido preceptivo, resumen fuentes cercanas al proceso. Estos ex compradores pasaron a ser acreedores del concurso, por el dinero que ya habían adelantado en la fase de construcción.
Sin puja mínima, pero no a cualquier precio
Ahora, casi diez años después, los adosados que quedaron vacíos han salido a la venta, dentro de la fase de liquidación del concurso, que lleva el juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza. Los administradores concursales son el abogado zaragozano Miguel Ángel Palazón y el economista Carlos Terreu. La subasta de las viviendas por internet se ha encargado al portal del Consejo General de Procuradores de España (www.subastasprocuradores.com).
Desde que se abriera la puja el pasado 6 de abril el portal ha recibido "más de 100 llamadas y correos interesándose por los unifamiliares", han informado fuentes del portal. Además, "la semana pasada se realizó una jornada de puertas abiertas con gran afluencia. De hecho, aún se siguen recibiendo peticiones para visitar los inmuebles pero, lamentablemente no se podrán atender", han precisado.
De momento, el interés por las viviendas todavía no se ha traducido en pujas para todas ellas, ya que solo algunas han recibido ofertas en firme y han sido muy a la baja, según se puede ver en internet, ya que son públicas y se actualizan en tiempo real. Muchos postores podrían estar esperando a última hora para hacer sus ofertas. Las cantidades que han ofrecido quienes se han decidido a dar el paso van de los 3.000 a los 50.000 euros, por unas viviendas tasadas ahora en unos 140.000 euros, pero que en su día, cuando fueron entregadas las llaves costaban alrededor de 300.000 euros.
Desde la plataforma de los procuradores explican que el hecho de no fijar puja mínima y que puedan entrar algunas tan bajas, no significa que se vayan a vender por ese dinero. El juzgado ha señalado en las condiciones de la subasta que no se puedan adjudicar a menos del 50% de su valor. De ahí que , el precio mínimo se situaría en torno a los 70.000 euros. Si no se alcanza ese mínimo las viviendas podrían volver a manos de la Sareb o banco malo.
"La administración concursal estará facultada para rechazar cualquier oferta que por su importe pueda entender no atiende al interés de la masa del concurso", precisan las condiciones de la subasta que se pueden consultar por internet. En el precio no están incluidos los impuestos que gravan las compraventas: Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP o AJD). Se añaden los gastos de gestión del 3%. Las condiciones de la subasta explican que la finca está gravada con hipoteca y embargo, pero "se transmite libre de cargas y gravámenes, salvo de aquellas que sean inherentes a la finca (tales como servidumbres, afecciones, etc…)".
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