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Los procuradores creen que los concursos de acreedores se van a disparar un 50% cuando el próximo mes de marzo termine la moratoria que actualmente permite paralizar dichos procesos, por lo que piden ejercer un papel más activo en su tramitación a fin de contribuir así a “aliviar el atasco judicial”

Su estimación la formuló la directora de Relaciones Institucionales de Subastas Procuradores, Teresa Ramos, en entrevista con la revista ‘Procuradores’ y donde se mostró convencida de que ampliar las competencias de la ‘procura’ es la única solución para descargar el embotellamiento que ya sufren los tribunales por concursos y ejecuciones hipotecarias y que se verá agravado dramáticamente en los próximos meses.

Esta jurista, con amplia experiencia como juez y asesora de fondos de inversión, lamentó que, “en la práctica, en la mayoría de los procedimientos concursales que se inician no se diagnostica al paciente, sino que se acaba certificando la defunción”, tras “una muerte agonizante y bastante larga” por no agilizar la búsqueda de soluciones.

“Hay una tradición en España que hace que se demore mucho la presentación del concurso, todas las empresas que llegan a él han agotado las vías de refinanciación, lo que hace que en el 98% de los casos sea de liquidación y no vaya a convenio”, apuntó.

Para encarar esta situación defendió el rol que podrían jugar los procuradores, a través de su portal de subasta, a fin de que los acreedores cuenten con herramientas que faciliten la rápida recuperación de deuda. Al respecto, desveló que la procura tratará de iniciar un acercamiento a todos los operadores de la recuperación de deuda en España, empezando por fondos de inversión, las entidades financieras, las empresas que dan servicio a estas entidades financieras y los grandes despachos de abogados.

Así, detalló que en estos momentos el esfuerzo de Subastas Procuradores se va a centrar sobre todo en los 'NPLs' (non-performing loans, o créditos con mora) que están judicializados y básicamente en los fondos de inversión, porque son los que han comprado todos los paquetes de deuda que tenían los bancos en sus balances.

FOCO EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN

“Hacemos una labor de "apostolado", afirmó Teresa Ramos, en alusión a que dichos fondos vienen de culturas jurídicas muy distintas y es preciso “explicarles la ventaja de externalizar para que no lo vean como un gasto, porque al final los fondos tratan siempre de optimizar coste-beneficio, y entiendan que ese coste va a tener aparejado una serie de beneficios”. Entre ellos, apuntó el ahorro en costes legales que pueden lograr si apuestan por apoyarse en el portal de subastas del Consejo General de Procuradores, “y un importante ahorro de tiempo para la recuperación, ya que la larguísima duración de los procesos es el máximo problema que tiene España ahora mismo en este sector”.

De modo específico mencionó el problema de la ejecución hipotecaria en España, cuya duración de los procedimientos “es dramática”, ya que se prolongan durante mucho tiempo y normalmente no satisfacen a nadie, ni al acreedor ni a los deudores.

De hecho, advirtió sobre el riesgo de que, si no se solucionan estos problemas, acabará provocándose una huida de unos fondos de inversión que están facilitando el "desagüe" de un montón de 'NPLs', de préstamos impagados que tienen las entidades financieras y que están impactando muy negativamente en sus balances.

“Los fondos de inversión inyectan liquidez en nuestro sistema y son una fuente dinamizadora de nuestra economía. Necesitamos que haya muchos fondos invirtiendo en España”, argumentó Ramos, convencida de que “su presencia nos ayudará a solventar nuestra crisis más rápido”.

“Pero con toda la parálisis judicial que se ha generado en estos últimos meses, que se suma a la situación ya mala que arrastrábamos de antes, es muy difícil que se queden. Yo creo que debemos buscar mecanismos para incentivar la presencia de inversores en nuestro país”, expuso. Para hacer esta aproximación a los fondos, la procura cuenta como aval con operaciones como la adjudicación de la subasta de bienes del concurso de Reyal Urbis, con el visto de la auditora BDO y la Agencia Tributaria”.

ACORTAR PLAZOS

Al explicar el rol que puede jugar el Consejo General de Procuradores, la jurista indicó que es una corporación de derecho público, que “coadyuvamos a la Administración de Justicia, pero a la vez damos un servicio que tiene la misma calidad que cualquier servicio privado, que responde a sus expectativas ya que estamos de su lado para que puedan recuperar su deuda lo antes posible”.

Con el uso de la plataforma de subasta de los Procuradores defendió que se agilizarán los procesos, pudiendo darse “un cambio de paradigma” frente a la idea de fondos y bancos de que solo pueden recuperar deudas impagadas con ejecuciones hipotecarias judiciales o concursos de acreedores. Si su portal de subasta toma el control, por ejemplo, en una ejecución hipotecaria, supone que acorta plazos al no depender de tribunales ni la burocracia y tiempos asociados a la publicación de los diferentes datos y avisos a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), indicó.

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Desde el pasado mes de septiembre, Teresa Ramos, jurista con amplia experiencia como juez y asesora de fondos de inversión, ha asumido la tarea de explicar a estos mismos fondos, entidades financieras, inversores, y a todo el sector jurídico y judicial, las bondades de la alternativa de la Procura a la subasta judicial con su Portal Subastas Procuradores. Está convencida de que ampliar las competencias de la Procura es la única solución para aliviar el atasco judicial ya existente en los concursos y adjudicaciones hipotecarias, y que va a verse agravado dramáticamente en los próximos meses.

            Para realizar esa función, aporta un currículum que incluye la dirección del departamento jurídico de fondos de inversión como Cerberus y Oaktree y la asesoría legal de compañías como Sabal Financial o la SAREB (Sociedad Gestora de Activos de Reestructuración Bancaria). Ha ejercido también como abogada independiente en concursos de acreedores, entre otros asuntos, y entre 2006 y 2012 fue la responsable del Departamento de Litigios de la multinacional PwC en Barcelona. En esa misma ciudad, en la que cursó sus estudios de derecho, ejerció durante 11 años como juez sustituta de lo civil y mercantil. También ha impartido clases en diferentes facultades y escuelas.

            -¿En qué consiste su trabajo como directora de relaciones institucionales del Portal Subastas Procuradores?

            -Dada la situación actual, y especialmente en los órganos judiciales, se trata de aprovechar una coyuntura que en lo económico es negativa, pero que exige que los acreedores cuenten con herramientas que faciliten la rápida recuperación de deuda. Se trata de iniciar un acercamiento a todos los operadores de la recuperación de deuda en España, empezando por fondos de inversión, las entidades financieras, las empresas que dan servicio a estas entidades financieras, los grandes despachos de abogados… Hemos tenido entrevistas con asesores financieros y administradores concursales para dar a conocer más todavía Subastas Procuradores y posicionarnos en el mercado como la alternativa a la subasta judicial.   

            -¿Dónde se encuentra el principal nicho de clientes? ¿Dónde va a enfocar sus esfuerzos?

            -Ahora mismo, sobre todo en la parte que llaman los ingleses 'NPLs', (non-performing loans, créditos con mora) que está judicializada, y básicamente en los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque son los que han comprado todos los paquetes de deuda que tenían los bancos en sus balances. Lo que no se ha quedado la SAREB, que también ha vendido, se ha ido ofreciendo al mercado en distintos paquetes, estas carteras que se van vendiendo que de repente aparecen en prensa. Y claro, los mayores adquirientes han sido fondos de inversión extranjeros, yo de hecho vengo de trabajar en dos de ellos. Siempre digo que hacemos una labor de "apostolado", porque estos fondos vienen de culturas jurídicas muy distintas. Aunque tienen gente que es española y que entiende algo de cómo se gestiona en el ámbito judicial ese 'npl', ese préstamo impagado, cuesta un poco. Además, hay que explicarles la ventaja de externalizar para que no lo vean como un gasto, porque al final los fondos tratan siempre de optimizar coste-beneficio, y entiendan que ese coste va a tener aparejado una serie de beneficios, como son un ahorro en costes legales y un importante ahorro de tiempo para la recuperación, ya que la larguísima duración de los procesos es el máximo problema que tiene España ahora mismo en este sector.

            -¿Cuál es el gran reto del Portal para hacerlo crecer?

            -Romper esa barrera cultural y explicar cuáles son los beneficios de la subasta extrajudicial. Yo creo que también hay que saber transmitir que somos un servicio público, sobre todo a las entidades financieras, porque al final se sienten más confortables dentro del procedimiento judicial, y cuando parece que se va a externalizar algo hay cierto recelo, porque tal vez no todas las experiencias de externalización hayan cumplido las expectativas. Tenemos que explicarles que el Consejo General de Procuradores no es un servicio privado, sino que somos un servicio público porque somos corporación de derecho público, coadyuvamos a la Administración de Justicia, pero a la vez damos un servicio que tiene la misma calidad que cualquier servicio privado, que responde a sus expectativas ya que estamos de su lado para que puedan recuperar su deuda lo antes posible.  

            -¿Qué supone para Subastas Procuradores asumir una subasta tan importante como la de los bienes procedentes del concurso de Reyal Urbis, el segundo más importante de la historia concursal en España?

            -La subasta de Reyal pone de manifiesto que realmente ya somos una alternativa relevante. Para que se nos haya dado la subasta de Reyal Urbis hemos tenido el visto bueno de la compañía y de los dos administradores concursales, uno de ellos BDO, una auditora de relevancia hoy en España. Y sobre todo hemos tenido el visto bueno de la Agencia Tributaria, aunque en cierto modo ya estaba confiando en nosotros porque estamos trabajando en otros proyectos con ella. Esto da una magnitud de la confianza que el Consejo General de Procuradores y el Portal de Subastas generan en el mercado. Yo creo que esa es la piedra angular de nuestro servicio: el ser corporación de derecho público, tener vocación de servicio público, y ver que nosotros tenemos una regulación, unos estatutos, y que el Consejo General de Procuradores responde ante la Administración de Justicia.

            -¿Cree que el colectivo de procuradores ha asumido la importancia de este Portal?

            -En la subasta de Reyal Urbis, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid ha designado al Colegio de Procuradores de Madrid, y eso es gracias a que el Colegio se ha posicionado para conseguirlo. Lo que deseamos es que todos los colegios de procuradores de España se posicionen y se postulen. Al final, por mucho que seamos corporación de derecho público y tengamos una apariencia de buen hacer, de que el colectivo está implicado, es profesional y tiene los medios, capacitación y formación necesarios para hacer ese trabajo, eso no es suficiente. Hay que hacer una labor proactiva, pero a todos nos pasa que en el día a día, y el trabajo principal del procurador es la representación procesal y tiene mucho volumen, a veces te enfocas en una cosa y no en otra. Hay que fomentar un cierto cambio de mentalidad para ayudar a que la Plataforma sí es conocida y muchos colegios están haciendo esa labor efectivamente, una mayor implicación sin duda, nos haría ir mucho más rápido.

            -¿Y qué pueden hacer los procuradores para reforzar esta proactividad?

            -Dar a conocer el Portal a sus clientes y ayudar a hacer labor de presentación de sus capacidades en los juzgados, porque al final esto depende no solo de los fondos de inversión, de los bancos, sino de que se conjugue tanto la designación del juzgado como la apuesta que hace el fondo de inversión, el banco, el abogado o quien sea. Al final se tiene que aprobar por el juzgado. He tenido muchas conversaciones con jueces y me consta que dentro del ámbito judicial Subastas Procuradores es muy bien visto por eso que comentaba, la doble faceta de los procuradores no solo de representar a sus clientes sino de coadyuvar a la Administración de Justicia, y de saber que es un colectivo que está en el juzgado todos los días, que tiene experiencia y capacitación y que va a ayudar. Pero insisto, habría que ayudar a dar a conocer el portal en el juzgado.

            -¿Cuál es el principal problema de la ejecución hipotecaria en España?

            -Si se mira página web del Consejo General del Poder Judicial, recientemente han habilitado el Portal de Transparencia con un apartado que se llama "Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales". Se puede consultar tanto por territorio como por juzgado o tipo de procedimiento, y la duración de los procedimientos de ejecución hipotecaria en España es dramática. Si se miran los partidos judiciales es horrible, hay algunos que tradicionalmente son muy malos. La situación general no es muy buena, pero toda la zona del Levante, sur de España, Islas Canarias…

            -¿En qué situación nos coloca esta demora en la tramitación judicial?

            -Yo considero que la ejecución hipotecaria en España no es un trámite exitoso. Son procedimientos que duran mucho tiempo y que normalmente no satisfacen a nadie, ni al acreedor ni a los deudores. Y si hablamos de la última normativa europea de protección de consumidores y usuarios, ha acabado de hundir todos los procedimientos de ejecución hipotecaria. Ahora mismo hay miles de procedimientos suspendidos, sin ningún tipo de control, porque había una persona en situación de desamparo o de vulnerabilidad; pero una vez se acuerda esa suspensión el juzgado no tiene recursos para poder hacer un seguimiento exhaustivo y nunca nadie más va a ver si esa persona sigue siendo vulnerable, si sigue viviendo allí… Se ha generado una situación que, como no seamos capaces de solucionar, va a provocar una huida de los fondos de inversión. Hay muchos sectores de la sociedad que pueden pensar que estos fondos deberían marcharse de España, pero también es cierto que ahora mismo están propiciando el "desagüe" de un montón de 'NPLs', de préstamos impagados que tienen las entidades financieras que están impactando muy negativamente en sus balances.

            -Los llamados en ocasiones 'fondos buitre', efectivamente, no tienen muy buena imagen en la sociedad…

            -Los fondos de inversión inyectan liquidez en nuestro sistema y son una fuente dinamizadora de nuestra economía. Necesitamos que haya muchos fondos invirtiendo en España. Su presencia nos ayudará a solventar nuestra crisis más rápido. Yo puedo decir que cuando estuve trabajando en fondos se tenía un cuidado bastante exquisito con las personas físicas, se suspendían todos los lanzamientos y había una colaboración total y absoluta con los servicios sociales de los ayuntamientos. Pese a la situación que teníamos antes de la pandemia, aunque ya era muy difícil para ellos, aun así, venían a invertir en España. Pero con toda la parálisis judicial que se ha generado en estos últimos meses, que se suma a la situación ya mala que arrastrábamos de antes, es muy difícil que se queden. Yo creo que debemos buscar mecanismos para incentivar la presencia de inversores en nuestro país.

            -¿Hay alguna previsión del futuro cercano al que nos enfrentamos en los órganos judiciales, a resultas de toda la situación que se ha generado en los últimos meses?

            -La previsión cuando termine la moratoria concursal en marzo de 2021 es que los concursos se incrementen en un 50 por ciento. En la exposición de motivos de la Ley Concursal se decía que se trata de sanear las sociedades para devolverlas con vida a la sociedad, pero lo triste es que en la práctica en la mayoría de los procedimientos concursales que se inician no se diagnostica al paciente, sino que se acaba certificando la defunción. Y además lo habitual es que sea una muerte agonizante y bastante larga. Hay una tradición en España que hace que se demore mucho la presentación del concurso, todas las empresas que llegan a él han agotado las vías de refinanciación, lo que hace que en el 98 por ciento de los casos sea de liquidación y no vaya a convenio.

            -Y en este panorama que describe de la ejecución y la administración concursal, tan hostil para los acreedores y los inversores, ¿qué pueden aportar los procuradores?

            -Creo que los procuradores pueden contribuir enormemente a agilizar los procedimientos judiciales. Y en cuanto esto se entienda por el mercado, se dará un cambio de paradigma. Hasta ahora, los bancos y los fondos partían de que había una única forma de solventar estos temas, que era judicialmente a través de la ejecución hipotecaria y del concurso, entrar en el raíl del proceso hasta acabar en una sentencia al cabo de un montón de años. Y que no había más opciones. Hay que cambiar esa idea. El hecho de que Subastas Procuradores, en una ejecución hipotecaria, tome el control, significa que no hay que publicar en el Boletín Oficial del Estado, que ya no dependes de que el funcionario del juzgado tenga que picar todos los datos y subirlos al Boletín. Y que en el momento que se cierra, inmediatamente se pasan los datos al juzgado y el letrado de la Administración de Justicia no tiene más que dictar el decreto de adjudicación.

            -Sin duda eso es un ahorro de tiempo importante…

            -Eso hace que los tiempos se acorten exponencialmente, y en los concursos igualmente. Pero ya no se trata solo de acortar esos tiempos dramáticos, que lo conseguimos. Nuestros usuarios se quedan no solo sorprendidos, sino muy agradecidos por el servicio. No es solo la Plataforma, es la cercanía de los procuradores con el juzgado, el ser capaces de agilizar, de hacer que la maquinaria se haga más ágil y que todo el procedimiento se resuelva de manera más sencilla. En el ámbito concursal, tanto como en el de ejecución hipotecaria, lo que le permite al acreedor es tomar el control del proceso y ver sus expectativas cumplidas en un plazo muy razonable de tiempo. En Portugal una ejecución hipotecaria normal puede durar entre 8 y 12 meses; en España yo he llevado procedimientos que se iniciaron en 2013 y todavía están pendientes de entrar en fase de oposición.

            -Entonces, ¿qué supone para las aspiraciones de los procuradores, como colectivo que quiere asumir más competencias en la ejecución, el hecho de contar con una herramienta como el Portal de Subastas plenamente operativa?

            -Yo creo que a lo que vamos aquí todos a una es a ampliar el contenido y el sentido de la profesión de procurador. El hecho de tener esta herramienta, que va a hacer el trabajo, y de saber que el Consejo General de Procuradores le va a apoyar y está detrás, es muy importante. Es fundamental culminar todas esas reformas que están en curso de cara a que los procuradores sean agentes de ejecución. Si realmente somos capaces de conseguirlo y de implantarlo en España, yo creo que es la solución para contribuir a reducir los tiempos de muchos procedimientos de la Administración de Justicia y una vía muy importante para el colectivo de procuradores tome mayor consciencia de la importancia que tiene como tal.

"Estamos traduciendo el Portal al inglés"

            -¿Hay prevista alguna novedad del Portal?

            -Sí, estamos traduciéndolo al inglés. En las conversaciones que hemos tenido con fondos de inversión, tanto pequeños como grandes, nos hemos dado cuenta de que hay que ampliar horizontes. Y por ejemplo, por la situación de pandemia, los inversores no siempre están aquí. La idea es darnos visibilidad como Portal en todos los motores de búsqueda, llegar a los fondos que tienen su sede en Londres, ya que muchas veces son al final los que compran los activos que tenemos en subasta.

            -Del análisis de los datos sobre el funcionamiento del Portal, ¿hay alguna cifra que quiera destacar?

            -Por ejemplo, que el 96 por ciento de nuestros activos se adjudican a terceros. Esto es muy importante. Al final, tradicionalmente, el resultado de la subasta judicial acaba con que el propio acreedor hipotecario se adjudica el activo. Y los acreedores hipotecarios eran tradicionalmente los bancos, cuyo negocio no es tener activos inmobiliarios en cartera, sino prestar dinero. No era plato de gusto para las entidades financieras tener que adjudicárselos. Esa cifra demuestra que, con una buena gestión del activo, finalmente se vende a un tercero y se puede llegar al consumidor final. Lo tenemos todo, somos una gran herramienta que contribuye a generar soluciones rápidas para todo el mundo: a la Administración de Justicia, por un lado, ayudándole en la medida de nuestras posibilidades; y a los acreedores, ayudándoles también, siempre dentro del marco de la legalidad, a poder hacerse con el control del activo en un plazo de tiempo mucho más razonable.

            -¿Qué les diría a quienes consideran que esta solución supone privatizar la Justicia?

            -No estamos privatizando nada. Resulta que los procuradores son la única profesión que está habilitada para realizar subastas extrajudiciales, que se trata de una corporación de derecho público con vocación de servicio y de coadyuvar a la Administración de Justicia, no creo que esto sea ir para atrás o una privatización; no, se trata de pedir a uno de los operadores que interviene en todos los procedimientos que se responsabilice para agilizar el proceso. Las ejecuciones hipotecarias son procedimientos muy formalistas en los que no hay ninguna decisión importante que tomar y es difícil que mejoren y se produzcan con más rapidez. Se trata de que un acreedor al que no le han pagado pueda cobrar haciéndose con el activo, y lo único que lo que hay que determinar es si ese dinero que está exigiendo es correcto o no. No podemos tardar 10 años en decidir si eso está bien o está mal, tenemos que ser mucho más ágiles por el bien de la Justicia, que está dedicando una gran cantidad de medios a gestionar unos procedimientos que son muy formales y donde el procedimiento no permite que los grandes profesionales de la Administración de Justicia, los jueces, no puedan aportar esencialmente nada importante.

            -Portugal, por ejemplo, ha apostado con éxito por permitir a los solicitadores ser agentes de ejecución.

            -Efectivamente, tendríamos que hacer como en Portugal, que todo el trámite lo lleva el agente de ejecución y solo cuando se plantea un recurso o un tema importante va al juzgado, se decide, y se vuelve a externalizar. Esa podría ser la solución para el atasco de la Justicia, que tiene recursos limitados. Hay que buscar soluciones que ya están funcionando en países de nuestro entorno. Tenemos que ser capaces de buscar otras vías para desatascar la Justicia y dar satisfacción a todos los acreedores que están en una situación completamente bloqueada, con un montón de procedimientos judiciales colapsando durante años los juzgados sin obtener respuesta.

Ir a la publicación del CGPE (página 23).

El Colegio de procuradores de Madrid inició el pasado 9 de noviembre la subasta extrajudicial de los activos de Reyal Urbis, la compañía inmobiliaria que protagonizó la segunda mayor quiebra de España, dejando un pasivo que superaba los 4.660 millones de euros.

Los administradores concursales, la consultora BDO y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria han confiado el complejo proceso de subasta extrajudicial, tras la aprobación del juez, al Colegio madrileño, iniciándose el proceso a través del Portal de Subastas del Consejo General de Procuradores.

Este importante logro del Portal subastasprocuradores.com fue presentado en los medios de comunicación por el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, y por el decano del Colegio de Madrid, Gabriel de Diego, junto con las directoras de los departamentos Jurídico  y de Relaciones Institucionales del Portal, Mayte Rodríguez y Teresa ramos, respectivamente.

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Ir a la publicación del CGPE (página 22)

El Consejo de Procuradores de España saca a concurso la vivienda y un garaje de Agustina Sanjuan

El Consejo de Procuradores de España ha sacado a subasta el piso y un garaje de una subalterna del exconseller Rafael Blasco, condenada junto a él por el desvío de las ayudas a la cooperación.

La subasta la organiza el Consejo de Procuradores por encargo del Tribunal de Cuentas, que embargó este y otros inmuebles de condenados en la primera pieza del caso Blasco, para recuperar parte de los 2,7 millones de responsabilidad contable por el desvío de 1.623.819 euros en subvenciones pagados a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua de los que solo llegaron a su destino 43.953 euros.

Sanjuan, que fue ex secretaria general de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadania, aunque acompañó a Blasco en la mayoría de los destinos que ocupó en la Generalitat, fue condenada a seis años de cárcel, según sentenció el Tribunal Supremo el 9 junio de 2015, que rebajó en un año la pena inicialmente impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana.

La vivienda que sale a subasta está ubicada en el barrio de Tres Forques y está valorada en 179.246,26 euros. La puja mínima se ha establecido en 125.472,38 euros. La casa tiene una deuda pendiente de 59.928,78 euros, según el Consejo de Procuradores. El garaje se subasta por un mínimo de 12.102 euros.

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20/11/2020 - CASTELLÓ. (EP). El Colegio de Procuradores de Castellón, a través de la plataforma del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), ofrece en subasta procedente de un concurso de acreedores un conjunto de 17 bienes repartidos por diversas localidades, que en su conjunto alcanzan un valor de 42 millones de euros.

Dentro de esta variada oferta de bienes destaca un lote compuesto por 6 parcelas en la Urbanización Font Nova de Peñíscola, cuya valoración alcanza los 15,4 millones de euros. No existe puja mínima para poder participar en esta subasta, pero es necesario realizar un depósito de 770.846 euros, que se devolvería en un plazo máximo de 10 días hábiles una vez finalice la subasta si no saliese adjudicatario de la subasta, pero si fuese el mejor postor, este depósito se descontaría del precio final de adjudicación.

En la urbanización Panorámica Sant Jordi en la localidad de este mismo nombre, se ofrece un solar de 43.405 metros cuadrados y alcanza una valoración de 12,11 millones de euros, siendo en este caso necesario un depósito de 605.756 euros.

También en Peñíscola, en la zona hotelera de la Urbanización Font Nova, se ofrece una parcela de 10.000 metros cuadrados, que está valorada en 2,44 millones de euros. En este caso el depósito necesario para poder participar en su subasta es de 122.185 euros.
A estos bienes se suma otra parcela también en la Urbanización Font Nova de Peñíscola de 3.262 metros cuadrados, así como 7 parcelas en Partida Pichell en la misma localidad.

A todos estos bienes se une otra serie de activos como un local situado entre las calles Río Nalón y Río Danubio de Castellón con una superficie total de 418 metros cuadrados, donde se encuentra una construcción de 1.283 metros cuadrados. Su valoración alcanza los 1,2 millones de euros.

También en Peñíscola se ofrece un lote de 3 viviendas valoradas en 393.923 euros. El conjunto se completa con otras parcelas de terreno, fincas rústicas y un garaje.

Subastas activas hasta el 10 de diciembre

Todas estas subastas estarán activas en subastasprocuradores.com hasta el próximo 10 de diciembre a las 18.00 horas. Los Colegios de Procuradores de España, a través de la plataforma tecnológica subastasprocuradores.com, están preparados y dispuestos para colaborar con la Administración de Justicia y ofrecen su tecnología y experiencia en la enajenación de bienes procedentes de concursos de acreedores, tal y como se contempla en la norma aprobada por el Gobierno, para hacer frente a los efectos derivados tras la declaración del Estado de Alarma para hacer frente a la covid-19.

En concreto, el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 recogía en su artículo 15 que en los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha los bienes se deberán liquidar utilizando el sistema de subasta extrajudicial, con independencia de lo que se hubiera establecido en el plan de liquidación.

Más de 70 juzgados en más de 30 provincias de toda España ya han trabajado con la plataforma de la Procura que supera los 3,5 millones de visitas.

Todas las subastas realizadas finalizan generalmente a las 18.00 horas, procediéndose a prórrogas automáticas de 2 minutos si en los últimos minutos se efectuasen pujas que mejorasen la anterior, y así sucesivamente hasta que dejen de superarse las pujas por parte de los usuarios interesados en adquirir los inmuebles.

Para participar en el proceso de subasta es necesario inscribirse en la plataforma on line mediante un certificado electrónico o rellenar un sencillo formulario tipo, pudiéndose conocer más detalles de los bienes que aparecen en el portal.

Ir a la publicación de Castellón Plaza, europa press, El periódico Mediterráneo.

El dinero servirá para que la Generalitat recupere parte de los fondos desviados por la trama de corrupción.

Un pujador, del que se desconoce por el momento su identidad, ofreció a última hora del jueves, una oferta por el chalé del clan Blasco, valorado en casi un millón de euros. El exconseller entregó este bien para saldar parte de su responsabilidad civil por la condena en la trama del desvío de fondos. El proceso se ha realizado a través de la web del Colegio de Procuradores, que tiene suscrito un convenio con el Tribunal de Cuentas para poder realizar subastas en aquellos procedimientos en los que existen bienes de por medio, con el objetivo de agilizarlas.

Fuentes de la Generalitat desconocen todavía la cuantía de la propuesta de compra que se efectuó horas antes de que se cerrara el plazo de la subasta. No obstante, aseguran que debe ser por al menos un 70% del valor de tasación lo que, de entrada, asegura al menos unos 624.000 euros para la Administración valenciana. La Generalitat ha descartado quedarse el bien pese a poder participar en el evento. Obviamente, se prefiere el dinero. Esta cantidad se sumará a lo que ya se recuperó al recibir dos pisos en Ausias March que la trama corrupta compró como oficinas de una ONG.

La propiedad subastada dispone de 38.384,47 metros cuadrados que el exconseller de Cooperación y exdiputado popular en Les Corts, Rafael Blasco, tiene en la localidad valenciana de Alzira, salió a subasta con una valoración de 891.058 euros, según el portal de subastas oficial del Consejo General de Procuradores de España. El exconseller fue condenado a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la primera pieza de la causa, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

Se trata de una finca rústica, plantada de naranjos, en término de Alzira, constituida por varias parcelas, dos de ellas con vivienda. Una de ellas consta de casa de planta baja y piso alto, con una superficie en solar de 148 m2, y una total construida de 135m2, con las dependencias y servicios propios para habitar.

Sobre la otra parcela con vivienda hay dos construcciones: una casa de habitación, de solo planta baja, que se compone de estar, dos dormitorios, baño, cocina y office, que tiene un total superficie útil de 135,50 metros cuadrados y construida de 165,12. Para acceder a esta casa existe otra entrada y dispone de una piscina de forma redondeada.

Y una segunda consistente en una casa de una sola planta, con estar-comedor, dos dormitorios, un baño, un aseo, distribuidor-biblioteca, y un riurau que recorre dos fachadas, con una superficie cerrada útil de 161,70 metros cuadrados; superficie construida cerrada de 166,29; superficie construida abierta de 44,37 y la superficie construida total de 220,66.

Ir a la publicación de Las Provincias, elDiario.es, Valencia Plaza, Levante EMV y 20 minutos.